¿Qué diría Santiago Andrés Maldonado sobre el decreto 683/18 que permite a las FFAA participar de actividades de seguridad interior? ¿De qué lado de la Plaza del Congreso estaría el próximo 8 de agosto, que además promete ser un día clave en ambas Cámaras? Lo cierto es que no lo sabremos nunca, dado que se trata de una amarga anacronía, desde su desaparición seguida de muerte el 1º de agosto del año pasado en Pu Lof, Resistencia de Cushamen, en la provincia de Chubut; y que muchas cosas han pasado entre la desaparición forzada de Santiago y el decreto que movilizó a cientos de miles de personas a salir a la calle hace una semana.
A un año de su desaparición, que conmovió al país completo, muchas cosas han quedado desde la última vez que se lo vio vivo. La causa permanece con la carátula de “desaparición forzada de persona”, muy a pesar de muchos ministros y legisladores. La hipótesis que define esta carátula, según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), se constituye en dos elementos: el primero es que no sólo hay una persona que no aparece sino que además la autoridad a cargo del operativo en donde la persona desapareció, Gonzalo Cané, oculta información (que dicho sea de paso fue él quien terminó confesando que las fuerzas de seguridad habían lavado las camionetas antes de que realizaran los peritajes forenses en busca de pistas) sumado al hecho de que Gendarmería no entregó una buena parte del material audiovisual del operativo. En cuanto a la autopsia del joven anarquista, se determinó que las causas de muerte fueron ahogamiento e hipotermia, pero la misma no fue concluyente en cuanto al sitio del acontecimiento y recientemente un estudio realizado por Enrique Prueger pone en duda el tiempo que pudo haber estado el cuerpo sumergido en el río Chubut (a partir de las referencias térmicas usadas para calcular el deterioro del cuerpo y la presencia de polen en las fibras de su ropa, entre otras señales), lo cual nos hace pensar que tal vez Santiago no murió ese 1° de agosto, sino varios días después.
Santiago Maldonado: ¿el síntoma de un clima de época?
La causa, muy lejos de avanzar hacia una investigación seria, con sed de justicia y esclarecimiento, no ha hecho otra cosa más que ir para los costados o recular en chancletas. Maldonado pasó de haber sido apuñalado por un casero a estar escondido en Chile (según supo decir Elisa Carrió), y hasta incluso fue visto por un camionero y clonado en decenas de versiones para poblar una plaza en un barrio de Gualeguaychú. Todo esto, sumado a una persecución encarnizada hacia la propia familia, que debió abrir un sitio web para lanzar comunicados oficiales, cansados de las injurias lanzadas por los medios de comunicación; y a que la justicia (en aquel momento la causa le correspondía al juez Otranto) ignoró por completo la señal de actividad del celular de Santiago tres días después de su desaparición. Ayer, durante el accidentado estreno de un documental en homenaje al tatuador, Sergio Maldonado denunció que “a un año de la desaparición, no ha empezado la investigación”. Tristemente, no hay indicios que demuestren lo contrario.
El caso Maldonado, seguido por el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel en Villa Mascardi, no es otra cosa que el síntoma de una política de Estado y de una postura ideológica por parte de Cambiemos que iniciaría con la declaración de la Emergencia de Seguridad Pública a través del Decreto 228/16 firmado por la vicepresidenta Gabriela Michetti, y que se vería sintetizada en otros sucesos que ocurrían más adelante: la salida de Argentina, acompañada por otros 5 países más, de la Unión de las Naciones Sudamericanas (en otras palabras, el abandono de una organización internacional destinada al desarrollo de un espacio regional integrado); los desproporcionados operativos de militarización del congreso el 14 de diciembre, en el marco de la primera sesión de tratamiento de la Reforma Previsional, el cual fue una alevosa ostentación de fuerza, con decenas de heridos, detenidos sin motivo y hasta incluso legisladores agredidos y rociados con gas pimienta por los propios móviles de seguridad (un mensaje contundente, que después se vería reforzado por un irresponsable y funcional fallo que inhabilitaría a los policías a usar armas de disuasión en la siguiente sesión, el 19 de diciembre).
La lista se cierra con una exquisita frutilla: la democratización de las FF.AA. y su salvoconducto para participar de actividades de Seguridad Interior a partir del Decreto 683/18, pasando a estar ahora no sólo bajo comando del ministro Aguad sino también de Patricia Bullrich (cosa que este cronista no llega a distinguir cuál es más preocupante). El ejército ahora podrá actuar como apoyo logístico para las fuerzas de seguridad y será permeable a actividades y misiones en “lugares estratégicos”, los cuales no son definidos o explicitados en el decreto presidencial. Y así como “el diablo se oculta en los detalles”, los vacíos que quedan entre cosa y cosa dentro del decreto no hacen más que brindar una zona de acción donde poder moverse cómodamente según el gusto y piaccere de quien le toque definir cuándo una situación de manifestación social es perjudicial para “la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de la República Argentina; la vida y la libertad de sus habitantes, o ante cualquier otra forma de agresión externa” como así los hizo (y lo sigue haciendo) Bullrich en su momento con la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) definiendo a la organización radical aborigen como “terrorista”. Una organización que, según todas las pesquisas llevadas adelante tanto con el informe del operativo desarrollado en Pu Lof el día que desapareció Maldonado, como también en el lugar donde fue asesinado por la espalda el joven Rafael Nahuel, nadie llevaba armas de fuego ni tampoco el finado tenía rastros de pólvora en sus manos, señal de no haber disparado en ningún momento un arma.
La militarización de las calles bajo la excusa de un “enemigo interno” escondido detrás de las palabras terrorismo, narcotráfico y ciberterrorismo; en un marco de estanflación (cuando la actividad económica está estancada pero la inflación aumenta sin control) acompañada de un tarifazo de poco piso pero con mucho techo que diezma el poder adquisitivo ya no de los sectores medios y trabajadores, sino de todo el sector popular de la sociedad argentina; más la presencia del FMI como titiritero de la economía nacional son los ingredientes de un estado político nacional que recuerda a los inicios de Colombia y de Brasil, ejemplos claros de lo que puede llegar a suceder con la seguridad pública de mantener este camino.
A Macri no le interesa su imagen fronteras adentro, mientras que lo siga respaldando la “buena onda” que tiene con los mercados financieros como con los gobiernos de EEUU, Rusia y de China, quienes hoy son los garantes de lo que Trump llama “paz internacional” (que no es otra cosa que el mantenimiento histórico del status quo capitalista, una matriz muy parecida a la de la Distribución Internacional del Trabajo, pero mucho más complejizada). Asusta pensar hasta qué punto esa buena onda puede significar la entrega de la soberanía nacional. Ni falta hace recordar las bases estadounidenses establecidas en Neuquén, Chubut, Jujuy, Misiones y Corrientes; la venta de las licitaciones de la explotación de las minas de litio en Catamarca a empresas exteriores (fundamentalmente norteamericanas); la ausencia de comentarios oficiales sobre la presencia de la OTAN en las islas Malvinas y el abandono de los reclamos por la soberanía de las Islas Malvinas, Sandwich y Georgias del Sur; sólo por nombrar un puñado de cuestiones que hacen flaquear la caracterización de país soberano.
¿Qué nos queda?
Salvo el gendarme Echazú que se autoimputó para facilitar el acceso al expediente, y además fue ascendido por el Ministerio de Seguridad en enero, no hay imputados en la causa. Más allá de estas tomadas de pelo del Poder Ejecutivo (los cuales ya vimos en el caso Chocobar, que si bien la Justicia Penal había calificado el caso como homicidio agravado, el presidente lo recibió y festejó su accionar como si de un prócer se tratara), Santiago Maldonado logró pasar a ser un ícono de la lucha por los DDHH y del “Nunca Más” lado a lado con Julio López.
Él estaba ese día en la Pu Lof Cushamen cortando la ruta 40 en pedido de la liberación del líder espiritual y político de la RAM Facundo Jones Huala y la devolución de las tierras sagradas a los mapuches, apropiadas por el estado argentino durante la tristemente llamada Campaña del Desierto y (¿vendida?) a la familia Benetton en el año 1991. Esa no era su lucha, pero él eligió solidarizarse y hacerla propia. Tal como dice la canción antifascista: “esta es la historia de un partisano – muerto por la libertad

Por Manuel Parola

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