Desde la asunción de Mauricio Macri como presidente, la frase “los dinosaurios van a desaparecer” que inmortalizó a Charly García no ha dejado de repetirse con un ímpetu semejante al de una plegaria. Pero los rezos no han sido escuchados. Con una animosidad creciente desde agosto del año pasado con la suba del caso Santiago Maldonado a la opinión y debate públicos, los sectores de la población con pensamientos que desacreditan los derechos humanos, que aprueban la mano dura como método para acabar con la violencia urbana y la delincuencia, entre los cuales aflora la xenofobia, el racismo, la persecución a otros sectores más centralizados y perseguidos, entre otras características ya no tan generales, se han incrementado velozmente bajo la licencia o excusa cada vez más común del “en mi opinión…”. Estas opiniones suelen tener la mala intención de arrasar con las luchas de los movimientos sociales cuya misión es la restitución de los derechos de ciertos colectivos de la población, como lo son el colectivo LGBT o el colectivo NiUnaMenos, que han florecido en las últimas décadas. Hay una salvedad que vale la pena tener en cuenta: estas opiniones no son recientes y tampoco son nuevas, sino que provienen, en general, de un público o sector que hoy se ve avalado o respaldado por el ente político que gobierna nuestra nación.

Los sucesos de la semana pasada han levantado la alfombra que mantenía oculta la tierra y el polvo de la doctrina de restitución de la mano dura que viene ejercitando Cambiemos desde que inició su mandato hace ya dos (largos) años. Hablado específicamente: el caso de Luis Chocobar, que mantuvo a los medios bastante ocupados, y a la opinión pública bastante entretenida. Uno pensaría que estas situaciones son ideales para el ejercicio del debate, de la dialéctica, del análisis sociológico. Pero como es común en nuestra sociedad de “opino porque puedo”, esta situación sólo nos dio dos fotografías de la coyuntura actual: en primer lugar, estos sucesos demuestran que los sectores opositores que pusieron su voto en favor de los partidos en disidencia con el gobierno nacional sólo se indignan y se convencen más férreamente de su posición en contra de las medidas cada vez más impopulares del oficialismo; y para los votantes del PRO y sus abanderados, el caso Chocobar no ha sido otra cosa más que otra muestra de las tantas que viene dando el gobierno de que “se terminó la joda – acá si no se labura no se crece – a los delincuentes hay que tratarlos como tal”. Un posicionamiento ideológico muy claro y transparente. Y en segundo lugar, las cartas de Cambiemos están sobre la mesa: irán ante todo y sin importar lo que pase (ya lo dijo Patricia Bullrich: “Los jueces que hagan lo que quieran, nosotros vamos a ir en defensa de los policías”), aún si eso implica un distanciamiento del Poder Ejecutivo con el Judicial. La historia nos ha mostrado qué tan bien nos puede llegar a ir por ese camino.

En una entrevista realizada a Durán Barba en estos días, el consultor mencionó con nombre y apellido uno de los pilares del crecimiento de Cambiemos: las encuestas de opinión, que dictan para dónde direccionar la maquinaria del partido. Y en ellas, Jaime nos da la pauta, que es más un secreto a voces, sobre lo cansada que está la población de los niveles de inseguridad y delincuencia incesantes y es aquí en donde se apoya el cambio de doctrina que tanto menciona la ministra de Seguridad. La crisis de seguridad pública y urbana es una realidad, y otra realidad es que la misma ha crecido exponencialmente en la última década y que tanto el gobierno anterior como los provinciales no han sabido dar batalla a la misma. Es en este hastío en donde el gobierno de Cambiemos propone soltar las cadenas de las fuerzas del orden público.

Y aquí es donde el meollo de la cuestión se vuelve tenso.

Lo más sencillo de todo es decirle a las fuerzas policiales que tienen el visto bueno para hacer valer su libertad de acción, saltando los protocolos y reglamentos de operación urbana a la hora de aprehender a los maleantes. Pero el árbol que tapa el bosque no es la sencillez (los oficiales de todas maneras están bastante contentos con esto, ellos no son el problema) sino la aceptación pública de esta medida. Cambiemos se vio a si mismo con un índice de popularidad muy golpeado y bastante más bajo del que les conviene para estar a mitad de su gestión, y necesitan volver a tener la opinión pública a su favor, aunque sea de sus propios votantes. Tanto es así, que ni siquiera se pusieron a preguntar qué acarrearía el hecho de darle luz verde a las fuerzas de seguridad.

La defensa de esto es siempre la misma: “en países serios como EEUU o en Europa, la policía va y los detiene y a los policías se los respeta”. Dejando de margen el debate sobre qué es un país serio y si de verdad existe algún Estado Nación que responda a esa característica, es una gran verdad, sí señor. Pero esto sucede por el hecho concreto de que el sistema de seguridad funciona correctamente y porque la coyuntura social, política y económica es muy diferente. Traer esta misma realidad a la República Argentina sin un análisis situacional previo, sin una puesta en juicio del famoso “clima de época”, de las realidades que nuestro país atraviesa desde hace más de 18 años, es casi rayar en lo necio, sin mencionar que sería absolutamente peligroso.

No se trata de si “el gatillo libre da o no da”, se trata de si la policía argentina, que se encuentra desde hace años difamada y estigmatizada por la opinión pública, mal entrenada y capacitada, mal paga, precarizada en cuanto a recursos e infraestructura y que convive desde hace años con numerosos casos demostrados de corrupción, está preparada para comenzar a tener la libertad de pulsar el gatillo en la situación que el oficial de turno lo interprete conveniente. Y eso sólo por un lado.  Con decir que se va reprimir cualquier hecho delictivo con acción violenta con un posible e incluso probable resultado de muerte del delincuente se está pasando por encima de numerosas cuestiones que hasta el día de hoy eran construcciones ya establecidas y que comprenden una posición absolutamente revanchista: se ignora a los derechos humanos, se desvalora la vida del individuo, se pasa por alto varias leyes y protocolos de procedimiento policial, pero por sobre todo se ignora la cuestión de fondo que hace al origen de la delincuencia: ¿qué hace que un chico de entre 14 y 25 años llegue a tener una pistola o una navaja en la mano y salga a la calle a robar? ¿Cómo llegó hasta eso y por qué no encontró ni en su círculo social ni en los organismos estatales de asistencia ni tampoco en las numerosas organizaciones civiles y no gubernamentales una ayuda o una posible luz de salida para poder encontrar otra opción que no sea delinquir? Y pensando en la prolongación y crecimiento de la delincuencia en el territorio argentino, ¿qué aparato o sistema sostiene esta maquinaria de ilegalidad, marginalidad y entrega?

Cambiemos se encuentra librando una batalla bastante complicada contra 12 años de derechos civiles obtenidos por los sectores de izquierda y del peronismo, que durante años reprobaron, castigaron y criminalizaron la mano dura y el gatillo fácil. Se encuentra cansado después de varias jugadas que no terminaron saliendo tan bien como las encuestas les marcaban. De cara a su segunda mitad de este mandato, el descontento está cada vez más a flor de piel ahora que la lista de promesas sin cumplir es cada vez más larga. Ya no es sólo la diferencia entre los que aprueban el gatillo fácil y los que no, o el peligro que representa que la policía comience a usar la fuerza bruta con total libertad. El abultado peso de la inflación sobre los bolcillos del pueblo argentino les está agotando la paciencia.

 

Por Manuel Parola

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