Durante esta semana hemos sido testigos de tres poderosos eventos que activaron la sensibilidad de la sociedad argentina en su conjunto. Por un lado, la presentación final del informe de la autopsia al cuerpo de Santiago Maldonado el viernes pasado, la cual afirmó que la causa de muerte fue por hipotermia seguida de ahogamiento y que el cuerpo no había sido manipulado de ninguna forma en los 70 días que estuvo en el agua, dando así un intento de cierre en cuanto al tratamiento mediático del caso Maldonado, por lo menos desde los medios afines al gobierno nacional, los cuales han encontrado otro modo de atravesar la emoción pública en el caso de la desaparición del submarino ARA San Juan, el cual contenía a 44 tripulantes de los cuales no se sabe absolutamente nada desde hace 12 días. La única información que se maneja sobre este tema es una explosión que fue detectada en el radio de donde fue captada la última transmisión del submarino y que no fue comunicada a la esfera pública ni a los familiares de los tripulantes sino hasta hace unos días luego de ser “confirmada por informes de parte de las fuerzas armadas estadounidenses”.

Más allá del ocultamiento, el cual no tiene explicación aparente y que da mucho de qué pensar, lo más grave de este hecho se acobija en dos cuestiones: la primera es la falta de verticalidad y flujo de la información interna dentro de las Fuerzas Armadas para con el Ministerio de Defensa y, por ende,  con el resto del Poder Ejecutivo. Esto nos desenmascara una falta de control absoluto en cuanto a las actividades de las mismas, dado que el Ministro de Defensa, Oscar Aguad, confirmó haberse enterado de esta situación por medio de un portal digital de noticias… Un interno de las FFAA que habla primero con los periodistas antes que el flujo de información llegue a sus superiores no sólo deja en evidencia una absurda farsa de verticalidad sino que además nos muestra de plano cómo el caso ha sido tratado con una falta de criterio que realmente asusta, tanto de parte de las autoridades como también, y por sobre todo, por parte de los medios de comunicación, que han hecho un esfuerzo increíble por ver quién lanzaba la mejor primicia y la más llamativa, cuando en realidad han terminado por hacer un concurso de la noticia más veloz.

A comparación con el caso Santiago Maldonado, nos encontramos con un cambio de estrategia muy importante: de decir cuatro palabras de corrido en un ascensor, el presidente Macri salió a prestar declaraciones a los familiares de los tripulantes luego de que se confirmara el sonido de una explosión en el mar, acompañadas de un pedido casi de tinte dramático: “no me oculten información”, en una maniobra clara de parte del presidente para retomar autoridad sobre el Ejército (a quien se le dio una libertad sin precedentes desde hace tres décadas luego de la promulgación del decreto 228, que permite la intervención de las Fuerzas Federales en las provincias que presenten conflictos, y el decreto 721, el cual levanta la proscripción del presidente Alfonsín sobre la autonomía de otorgamiento de premios, ascensos, designaciones y traslados, entre otras cosas). Pero ¿qué es lo que diferencia al caso ARA San Juan del caso Santiago Maldonado? Por supuesto, el origen de los cuerpos que no están, que se encuentran en las antípodas el uno del otro: por un lado hablábamos de un joven artesano idealista que fue corrido por las fuerzas de Gendarmería Nacional en una represión ilegal y que aparece muerto 78 días después de no saberse nada de él, que estaba protestando por la liberación de un dirigente mapuche y por la reivindicación de las tierras ancestrales a los aborígenes. Y por otro lado, es el caso de la desaparición de 44 almas que eligieron una vida de servicio a su nación y que se embarcaron en un submarino en el cual depositaron una confianza ciega sobre su capacidad para navegar y devolverlos a sus hogares, y de los cuales hace 12 días que no se sabe absolutamente nada. El factor presencial de las FFAA en ambos casos, al contrario de lo que muchos opinan, sí mueve la aguja de muchos que no toman en cuenta que se sigue hablando de vidas humanas y no de peones de color negro o blanco en un tablero de ajedrez político-partidario. Aunque, muchas de las piezas de cada equipo sí que se han movilizado: fiel a su estilo, la senadora electa Lilita Carrió realizó en el programa de Mirtha Legrand chocantes declaraciones que una vez más desenmascaran su falta de tacto y sensibilidad para con cuestiones que movilizan a las masas. “Están todos fallecidos” dijo, sentada en la misma mesa que una de las familiares de los tripulantes del ARA San Juan.

Por otro lado, volviendo un poco más sobre los últimos tres días, nos encontramos con el tercer evento, el cual es otro episodio grave que involucra a las Fuerzas Armadas y es la muerte del joven Rafael Nahuel, de origen mapuche, que se encontraba ocupando los terrenos de Villa Mascardí y que fue asesinado en medio de la represión por parte de Prefectura Naval, que se encontraba haciendo un rastrillaje de la zona, la cual había sido desalojada el pasado jueves. El tiro ingresó por sus glúteos para salir luego por el tórax, dándole muerte en el lugar a Rafael. Pero si bien este hecho es indignante y preocupante (ya que se trata del segundo muerto que carga el Gobierno Nacional, al menos a raíz de la problemática mapuche), lo que hace que uno deba tomarse un par de segundos para digerir esta situación no son tanto las reacciones tanto de la vicepresidente Gabriela Michetti declarando que “el beneficio de la duda lo tiene Gendarmería” y no el ciudadano de a pie, ni tampoco la ministra Patricia Bullrich diciendo que “se terminó el reino del revés”; sino más bien es el estupor que causa el darse cuenta de cómo ha cambiado el paradigma: la posición del Gobierno Nacional es cada vez más clara y más lapidaria en cuanto al uso de la violencia de las fuerzas del orden para desarticular cualquier intento de protesta pública. Esta vez se trató de una ocupación de terrenos de parte de un grupo radicalizado de los aborígenes mapuches. Pero las declaraciones de la Ministra de Seguridad demuestran que no se los discrimina por aborígenes a los mapuches, sino al contrario, se los trata como a ciudadanos comunes, como quien les escribe, que están violando la ley y que por tanto serán desalojados con la posibilidad de que alguien termine muerto en el proceso y que ni siquiera haga pestañear o ponerse ni un poquito coloradas a las autoridades.

Las actitudes del gobierno nacional demuestran una clara intención de reestablecer el rol y respeto ya perdido (y con justa razón) de las Fuerzas Armadas y de lograr así una suerte de reivindicación o de reconciliación con los sectores populares y la sociedad en su conjunto. Intentan dejar atrás un siglo completo de historia, dentro del cual estuvimos como país 25 años del mismo bajo gobiernos de facto y otros 15 años más con una mentirosa democracia limitada y de yapa 30.000 desaparecidos asesinados y torturados de forma sistemática. Es una mochila muy pesada como para dejar de puertas para afuera.

Por Manuel Parola

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