Violencia institucional contra dirigente de SIPRUS

Desde SIPRUS denunciaron que el día domingo 13 de septiembre el Secretario General de la Regional Santa Fe y miembro del Consejo Directivo Provincial de SIPRUS fue víctima de violencia institucional por parte de la justicia y de la Policía de la Provincia de Santa Fe que actuó por orden del Fiscal Matías Broggi

Leandro Goldsack, la tarde del domingo 13 de septiembre fue detenido y trasladado esposado a la ciudad de Rosario para ser alojado en un comisaría con el pretexto de que en la ciudad de Santa Fe no había lugar. Para realizar el procedimiento la policía actuó como si el Psicólogo Leandro Goldsack fuera un delincuente, arribando a su domicilio con tres móviles policiales y 20 oficiales uniformados y armados, allanando su casa particular y reteniendo su teléfono celular.

Dicho procedimiento se fundamentó en la supuesta negativa de Leandro a colaborar con el fiscal Matías Broggi como este pretendía en un caso que está investigando.  Este accionar policial y judicial constituye un claro acto de abuso de poder hacia el profesional de la salud. Consideramos este procedimiento de arresto, allanamiento y secuestro de objetos personales como un hecho de violencia institucional sin precedentes.

Nos preocupa el tenor aleccionador de las actuaciones realizadas enviando un claro mensaje intimidatorio y disciplinador al resto de les profesionales que desempeñan sus funciones tanto en el ámbito público como en el privado y que siempre han estado al servicio de la comunidad y más aún en este escenario de pandemia. Este tipo de accionar de la justicia y la policía, con este nivel de violencia y amedrentamiento contra un trabajador profesional de la salud, insistimos, no tiene precedentes en la historia de la vida democrática de la Provincia de Santa Fe.

Les trabajadores del Estado Provincial nos sentimos abandonados y sin protección ante las innumerables veces en que estamos expuestos a situaciones de violencia en la diaria labor y ahora también maltratados por la policía y la justicia provincial. Hacemos responsable a la justicia y al poder político de que detenga el proceso de amedrentamiento a nuestro compañero. No estamos dispuestos a soportar ni vamos a permitir el maltrato a ningún/a trabajador/a. Solicitamos la inmediata intervención del Ministerio de Justicia y del Fiscal General de la provincia para resolver esta situación.