Avanza la ley anti trapitos: la extorsión en la vía pública será delito
a Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó este jueves una versión modificada del proyecto de ley que busca regular la actividad de los cuidacoches, conocidos popularmente como trapitos, y devolvió la iniciativa al Senado provincial para su revisión final.
Ahora, la Cámara alta deberá decidir si acepta los cambios incorporados por los diputados o si insiste con la redacción original que había obtenido media sanción semanas atrás.
La nueva versión fue consensuada por el interbloque oficialista Unidos luego de varios días de negociaciones y consultas con distintos sectores sociales. Durante el debate, organizaciones sociales, pastorales y entidades vinculadas a la defensa de los derechos humanos expresaron reparos sobre algunos aspectos de la propuesta inicial, al considerar que podrían existir problemas de constitucionalidad y que la problemática requería una mirada más amplia que incluyera herramientas de contención e inclusión social.
Entre las modificaciones más relevantes incorporadas por Diputados se destaca la creación de dos cargos de jueces de primera instancia especializados, uno con asiento en la ciudad de Santa Fe y otro en Rosario. Ambos magistrados serán integrados a los Colegios de Jueces Penales conforme lo determine la Corte Suprema de Justicia de la provincia.
Según explicaron desde el oficialismo, la incorporación de estos cargos apunta a fortalecer la estructura judicial necesaria para la aplicación de la normativa y brindar mayores garantías en los procedimientos que puedan derivarse de su implementación.
El proyecto busca dar respuesta a una problemática que genera reclamos recurrentes en distintas ciudades santafesinas, especialmente en Rosario y Santa Fe, donde vecinos y comerciantes denuncian situaciones de extorsión, amenazas y ocupación irregular del espacio público por parte de cuidacoches informales.
No obstante, el debate también puso sobre la mesa la situación social de muchas de las personas que desarrollan esta actividad, motivo por el cual distintos sectores reclamaron que cualquier regulación contemple políticas de inclusión laboral y asistencia estatal.
Con la aprobación de las modificaciones, la iniciativa ingresará nuevamente al Senado, que tendrá la última palabra sobre el texto definitivo que podría convertirse en ley en las próximas semanas.
