Ciro Seisas impulsa una ley para que la policía pueda actuar cuando el GPS localice un celular robado
La iniciativa obtuvo media sanción en Santa Fe y contempla la intervención policial ante la localización de dispositivos robados. También propone un registro obligatorio para comercios que compren, vendan o reparen celulares usados
La Legislatura de Santa Fe dio un paso importante en la lucha contra el robo de teléfonos celulares. Un proyecto impulsado por el senador provincial Ciro Seisas obtuvo media sanción y propone nuevas herramientas para facilitar la recuperación de dispositivos sustraídos y combatir el circuito ilegal de comercialización.
La iniciativa, denominada Ley de Intervención de los Mercados Ilícitos de Dispositivos Tecnológicos, apunta a resolver una situación frecuente: las víctimas que logran localizar sus teléfonos mediante aplicaciones de rastreo, pero encuentran dificultades para obtener una intervención policial inmediata.
«Hoy pasa que la víctima rastrea su celular, sabe dónde está, llama a la policía y no pueden actuar porque no hay un marco legal claro. Esto lo resuelve», explicó Seisas, presidente de la Comisión de Seguridad e impulsor del proyecto.
En Rosario se roban unos 200 celulares por día
Según los datos difundidos junto con la iniciativa, en Rosario se sustraen aproximadamente 200 teléfonos celulares diariamente, una cifra que refleja la magnitud de esta modalidad delictiva.
A esta situación se suma otro dato preocupante: se estima que entre el 70% y el 80% de los robos no son denunciados, lo que dificulta dimensionar el problema y avanzar en las investigaciones.
Frente a este escenario, el proyecto propone intervenir sobre dos aspectos centrales: la actuación policial y el mercado de compraventa de dispositivos usados.
La geolocalización como herramienta para actuar en flagrancia
Uno de los principales cambios que contempla la iniciativa es la incorporación de la geolocalización como supuesto de flagrancia.
De esta manera, cuando una persona pueda rastrear su teléfono robado y determinar su ubicación, la policía contaría con un marco legal específico para intervenir de manera inmediata.
La modificación busca agilizar los procedimientos y evitar que la falta de herramientas procesales impida avanzar en la recuperación de los equipos.
Registro obligatorio para comercios y talleres
El segundo eje de la propuesta apunta directamente al negocio que existe detrás del robo de celulares.
El proyecto establece la creación de un Registro Provincial obligatorio para los establecimientos dedicados a la compra, venta o reparación de teléfonos usados.
Cada operación deberá quedar documentada mediante el número IMEI del dispositivo, un código único que permite identificarlo, y los datos de quien lo comercializa.
Además, se contemplan inspecciones, inmovilización de equipos y clausuras ante incumplimientos de las obligaciones de trazabilidad.
«El robo de celulares dejó de ser un delito aislado. Hay una cadena entera detrás: negocios, talleres, revendedores que viven de eso. Si no hay dónde vender lo que se roba, el delito pierde buena parte de su incentivo», sostuvo Seisas.
Una estrategia para desarticular el mercado ilegal
La propuesta también incorpora modificaciones al Código de Faltas y mecanismos de cooperación con el Ministerio Público y el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).
El objetivo es avanzar sobre toda la cadena de comercialización de teléfonos robados, desde la sustracción hasta su eventual reventa.
Con la media sanción obtenida, el proyecto dio un primer paso legislativo, aunque todavía necesita completar su tratamiento parlamentario para convertirse en ley.
De aprobarse definitivamente, Santa Fe contará con nuevas herramientas para intervenir ante la localización de celulares robados y controlar el mercado de dispositivos usados.
