Crece el temor a represalias del Comando Vermelho tras la operación más letal en Río de Janeiro
Uno de los jefes del grupo criminal, “Doca da Penha”, sigue prófugo y podría ordenar una venganza luego del operativo que dejó más de un centenar de muertos
El clima en Río de Janeiro es de máxima tensión tras la operación policial más letal de la historia de Brasil, que dejó más de 100 muertos en el Complejo do Alemão y da Penha, bastiones del Comando Vermelho. Con el paso de las horas, aumenta el temor a una represalia del grupo criminal, especialmente mientras su líder local, Edgar Alves Andrade, alias Doca da Penha o Urso, continúa prófugo.
Las autoridades temen que sea él quien impulse una venganza similar a la ola de violencia de 2006 en San Pablo, cuando el Primer Comando de la Capital (PCC) respondió a traslados de sus miembros con ataques a comisarías y asesinatos de policías, dejando más de 500 muertos.
En Río, el Gobierno estadual decidió trasladar a la cúpula del Comando Vermelho, conocida como “la Comisión”, a la prisión de máxima seguridad de Bangu 1, antes de su derivación a penales federales. Entre los detenidos figuran Marco Antonio Pereira Firmino, alias My Thor, y Rian Maurício Tavares Mota, alias Da Marinha, experto en drones. El objetivo es cortar la comunicación con los líderes históricos Fernandinho Beira-Mar y Marcinho VP, este último con una activa presencia en redes sociales desde prisión.
Fuentes de la investigación confirmaron que la respuesta armada del Comando Vermelho, que incluyó drones bomba y fusiles de alto calibre, fue coordinada desde el interior de Bangu III. La posibilidad de motines carcelarios en todo el país preocupa al Gobierno federal.
En medio del caos, el gobernador de Río, Cláudio Castro, del Partido Liberal de Jair Bolsonaro, defendió la operación y la calificó como “un éxito”. Dijo que “las únicas víctimas fueron los policías”, pese a las imágenes que muestran más de 70 cuerpos trasladados por vecinos y alineados en una plaza del complejo Penha. El secretario de la Policía Civil, Felipe Curi, anunció además una investigación por “fraude procesal” contra quienes movieron los cadáveres.
Mientras tanto, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva evitó declaraciones directas y solo publicó un mensaje en X, donde aseguró que Brasil “no puede aceptar que el crimen organizado siga oprimiendo a los residentes y difundiendo violencia”. La falta de una postura clara generó críticas dentro y fuera del oficialismo.
El impacto político del operativo es profundo. El Congreso brasileño anunció la creación de una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) que comenzará a sesionar el 4 de noviembre, para indagar la estructura de las facciones criminales y las posibles irregularidades de la fuerza policial. A su vez, el juez del Tribunal Supremo Federal, Alexandre de Moraes, citó al gobernador Castro para que explique los detalles de la intervención.
En el plano internacional, la ONU condenó la masacre y pidió una “investigación rápida y eficaz”, mientras que Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos en Río. Desde Washington se volvió a presionar a Brasil para que declare al PCC y al Comando Vermelho como organizaciones terroristas, una medida que el Gobierno de Lula ha rechazado reiteradamente.
