Denunciaron por contrabando a pesqueras españolas que operan en Malvinas con licencias británicas
La presentación judicial sostiene que las compañías extraen recursos del mar argentino sin someterse a los controles aduaneros ni pagar derechos de exportación. Los permisos otorgados por el Reino Unido fueron calificados como “patentes de corso”
Empresas pesqueras de origen español, principalmente de la región de Galicia, fueron denunciadas por presunto contrabando debido a sus operaciones en aguas cercanas a las Islas Malvinas mediante licencias expedidas por las autoridades británicas.
La presentación fue realizada por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes de la organización Reset Republicano, quienes cuestionaron la validez de esos permisos y los calificaron como “licencias truchas” otorgadas por la “autoridad colonial británica”.
Según los denunciantes, las compañías extraen recursos pesqueros que forman parte del patrimonio nacional y posteriormente los exportan, realizan trasbordos en alta mar o descargan en Puerto Argentino y otros países sin someterse a la fiscalización de la Aduana argentina.
La denuncia plantea la posible existencia de dos maniobras delictivas. La primera estaría relacionada con la evasión de los controles aduaneros, mientras que la segunda apunta a un presunto engaño destinado a evitar el pago de derechos de exportación y el cumplimiento del régimen cambiario nacional.
Entre las compañías señaladas aparecen Lanzal, Grupo Pereira, Pescapuerta, Copemar, Ferralmes, Hermanos Touza y Moradiña. De acuerdo con la presentación, estarían vinculadas con sociedades constituidas en las islas, como Petrel Fishing Company, Argos Group y South Atlantic Squid, que utilizan embarcaciones registradas bajo el régimen británico.
“Las llamadas licencias de pesca son verdaderas patentes de corso”, sostuvieron los abogados, quienes consideran que estos permisos facilitan la explotación de los recursos naturales argentinos sin autorización nacional.
La causa quedó radicada en el Juzgado Federal de Garantías en lo Penal Económico N.º 7, a cargo del juez Juan Pedro Galván Greenway, bajo el expediente 1283/2026. Ahora la Justicia deberá analizar la presentación y determinar si corresponde impulsar una investigación penal
