Desvincularon a 500 empleados: el Estado se quedará a cargo de la ruta del Mercosur
La empresa tenía el contrato vencido desde 2014 y había conseguido sucesivas prórrogas. Vialidad Nacional toma posesión del Corredor Vial 18
El Gobierno oficializó que tomará el control sobre el Corredor Vial 18, uno de los caminos más estratégicos del país, que conecta el Litoral argentino con Brasil y Uruguay a través de las rutas nacionales 12, 14 y 174, denominada la “Ruta del Mercosur”.
Todo sucede por la finalización de la concesión que lleva más de 30 años a cargo de Caminos del Río Uruguay (CRUSA) y abre paso a una nueva etapa de licitaciones privadas que el Ejecutivo puso en marcha.
No obstante, el cambio de administración no está exento de tensión. La finalización del contrato que se concretó mediante la Resolución 565/2025 de Vialidad Nacional, implicó la desvinculación de 500 empleados y desató un cruce de acusaciones entre el Estado y la empresa saliente.
Desde este martes y en el marco del proceso licitatorio ya en marcha, en Vialidad Nacional explicaron a TN que se harán cargo de la operación y el mantenimiento del Corredor Vial 18 de forma transitoria hasta que ingrese la nueva concesión, prevista para agosto. “Ya está lanzada, hicimos audiencias públicas incluso”, indicaron fuentes oficiales.
Mapa corredor vial 18
Como primera medida, Vialidad Nacional ordenó levantar las barreras de peaje en cinco estaciones -Zárate, Colonia Elía, Yeruá, Piedritas e Isla Deseada- y activó un plan de emergencia para garantizar la circulación, señalización y bacheo de los tramos más deteriorados.
Por su parte, en un comunicado, CRUSA dijo que la finalización de la concesión implica “el despido de 500 trabajadores que lamentablemente quedarán sin trabajo por la falta de continuidad de la operación por parte de la DNV, y sin indemnización”.
“El abandono de la gestión de las rutas y la asistencia al usuario es una decisión que excede ampliamente a nuestra empresa. Es el resultado de la larga historia de incumplimientos del Estado, de los que derivó la imposibilidad de la empresa para realizar la totalidad de las obras necesarias, pagar sueldos y cumplir con los impuestos”, afirmaron.
En tanto, en Vialidad Nacional sostienen otra versión. Según el organismo, la empresa conocía desde 2014 la fecha de finalización del contrato y recibió sucesivas prórrogas judiciales y administrativas para sanear sus finanzas.
El Estado, además, denunció incumplimientos contractuales por parte de la empresa que ascienden a más de $60.000 millones. “Esta cifra no está cerrada ya que al finalizar el contrato y realizar la toma de posesión se lleva a cabo la evaluación final que podrá dar lugar a nuevas multas”, explicó Vialidad.
Sobre la situación del personal, el Gobierno fue tajante: “El personal contratado por las empresas con que se celebran los mencionados acuerdos no revisten relaciones laborales por las que el organismo tenga responsabilidad alguna, ya que se encuentra establecido que la explotación resulta por cuenta y riesgo de las concesionarias, exclusivamente”.
En paralelo, la firma Caminos del Río Uruguay, advirtió sobre los riesgos de liberar el tránsito sin cobertura efectiva: “No es una solución levantar las barreras y permitir el libre tránsito sin ninguna cobertura que evite accidentes y brinde en tales casos la asistencia mínima indispensable”.
Además, criticó los términos provisorios de la futura licitación: “Termina la concesión, mientras el Gobierno insiste con el demorado llamado a licitación, con pliegos que no especifican los valores de las tarifas de peaje tope, y un esquema de concesión de entre 20 y 30 años según la tarifa ofertada”.
