El bono de la discordia: empresarios irían a la Justicia para no pagarlo

Las primeras en manifestar su preocupación por la medida fueron las cámaras empresarias por entender que el mecanismo de ajuste salarial del sector privado “son las paritarias y no una imposición del Estado sobre las relaciones laborales”, señaló la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en un comunicado.

En tanto la Cámara Argentina de Comercio (CAC) también advirtió que “buena parte de las empresas del país se encuentra en una delicada situación, debido justamente a una macroeconomía desordenada y con un estancamiento que ya acumula una década, lo que hace inviable que puedan afrontar la suma fija”.

Si bien, como cámaras no tienen autoridad para iniciar una demanda judicial de parte de sus socios que frene la obligatoriedad de pagar el bono, las empresas podrían hacerlo en forma individual y de hecho, según constató Clarin, varias lo están evaluando.

No obstante, desde la conducción del sindicato de empleados de Comercio, que lidera Armando Cavalieri, una fuente aclaró que el gremio acordó “no reabrir las paritarias a cambio del pago del bono”. Un gesto que puede ser entendido como un guiño político a Sergio Massa.

Por su parte, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC) se sumaron al pedido al Gobierno nacional de “respetar los acuerdos paritarios como forma de negociación colectiva para las discusiones salariales”.

“Ninguna circunstancia debe relativizar el papel de las negociaciones paritarias como único camino adecuado para cualquier recomposición del salario del sector, cuyas características los paritarios conocen mejor que nadie. En la construcción, esas negociaciones son ágiles, habiendo alcanzado acuerdos en abril y julio, y pudiendo reabrirse de inmediato”, recordó la entidad que dirige Gustavo Weiss.

Según la entidad, “la aparición de otros mecanismos generaría complejidad operativa, pues no se adecuan a contratos para obras disímiles, pactados a largo plazo. Además, distorsionarían por largo tiempo las remuneraciones de las distintas categorías”.

Junto con las empresas díscolas, unas 12 provincias se sumaron al rechazo de pagar la compensación salarial propuesta por el Gobierno, inclusive algunas provincias de trayectoria “peronista” o afines al kirchnerismo.

La primera provincia en desvincularse fue Santa Fe. El gobernador peronista, Omar Perotti, dijo que en su propia paritaria ya habían acordado con los gremios la aplicación de una cláusula gatillo, diez días atrás, para preservar el poder adquisitivo ante la inflación. Con argumentos similares, también se bajó Misiones, que decidió mantener los aumentos pactados y no otorgar el bono extra.

Se le sumaron además, La Pampa, Córdoba, Jujuy, Entre Ríos, Neuquén que ya tiene un acuerdo vigente con ajuste por el IPC. Otra dispuesta a no pagar la suma fija es Tucumán e insolitamente Santa Cruz tampoco adherirá por haber otorgado un bono extraordinario recientemente.

Al listado, de las provincias que rechazaron pagar el bono, se suman Salta, Chaco y la Ciudad de Buenos Aires, donde Horacio Rodríguez Larreta explicó que ya otorgó aumentos cercanos a la inflación este año y que no abonará la suma fija.

Entre las provincias que sí abonarán la suma fija o una similar se alinean Buenos Aires, Catamarca, Mendoza, La Rioja, Rio Negro y Santiago del Estero. Y, otras, aún no confirmaron su postura sobre el tema.

La reacción negativa en cadena que se dio en las distintas jurisdicciones motivó la reacción del presidente Alberto Fernández quien cuestionó el miércoles pasado a los gobernadores que no quieren pagar el bono. “Me llama la atención que Catamarca y La Rioja puedan y la Ciudad más opulenta de la Argentina tenga dificultades para hacer eso”, sostuvo el mandatario. Y agregó, enfático: “Esto, para que nadie se confunda, no es el Plan Platita, es el plan justicia, que los que más tienen mejor repartan”.