El Gobierno asegura haber detectado 178 mil registros de personas fallecidas con certificado de discapacidad activo
Las autoridades aseguran haber detectado una irregularidad sistémica de escala masiva. Serán dados de baja y analizan iniciar acciones legales
En el marco de un profundo proceso de auditoría y reordenamiento, el Gobierno nacional detectó una irregularidad sistémica de escala masiva: 178.000 beneficiarios del Certificado Único de Discapacidad (CUD) figuran como fallecidos, pero sus registros continúan activos en el sistema de percepción de asistencia.
Esta información, difundida por fuentes del Ejecutivo a medios como La Nación e Infobae, surge tras un exhaustivo cruce de datos entre la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y el Registro Nacional de las Personas (Renaper).
La revisión fue impulsada por el actual interventor de la Andis, el médico sanitarista Alejandro Vilches, quien asumió el cargo en septiembre tras la polémica salida de Diego Spagnuolo por los audios que lo vinculaban con un presunto circuito de cobro de coimas y sobornos para habilitar prestaciones.
Aunque el exfuncionario asegura que las grabaciones fueron manipuladas con inteligencia artificial, su salida dio lugar a una intervención que ahora expone lo que desde Balcarce 50 califican como una “estafa al Estado”.
Consecuencias legales y judiciales
Ante la gravedad del hallazgo, el Ejecutivo autorizó las bajas inmediatas de los certificados observados y evalúa iniciar acciones legales.
El foco de la Justicia no solo estará puesto en quienes percibieron los beneficios de forma indebida, sino especialmente en los prestadores de salud que habrían facturado servicios por atenciones brindadas a personas que ya habían muerto.
El plan oficial contempla un segundo cruce de datos para identificar a los profesionales y entidades involucradas en esta maniobra fraudulenta.
El futuro de la Andis
Este descubrimiento se produce en un momento de alta tensión política por los intentos del oficialismo de derogar la Ley de Emergencia en Discapacidad, medida que finalmente fue resistida en el Congreso.
Mientras tanto, la auditoría integral sobre el organismo —que también incluye la revisión de pensiones no contributivas y la compra de medicamentos de alto costo— continuará abierta y se espera que los resultados finales sean oficializados al terminar el primer trimestre de 2026.
