El Gobierno modificó el esquema de la Tarifa Social de la SUBE
El Gobierno nacional dispuso un cambio en el mecanismo de financiamiento de la Tarifa Social de la SUBE que impactará en la forma en que se calcula el descuento del 55% que reciben millones de beneficiarios en todo el país para viajar en el transporte público.
La modificación fue oficializada mediante la Resolución 40/2026 y establece que el Estado nacional dejará de actualizar automáticamente el monto del subsidio cada vez que las provincias o los municipios incrementen el valor del boleto.
Hasta ahora, el descuento financiado por el Tesoro Nacional se aplicaba sobre la tarifa vigente en cada jurisdicción, por lo que el beneficio se ajustaba de manera automática ante cada aumento. Con el nuevo esquema, ese mecanismo cambia.
Cómo funcionará el nuevo sistema
A partir de la entrada en vigencia de la resolución, el Gobierno implementará un sistema de «tarifas de referencia», que serán utilizadas como base para calcular el aporte estatal destinado a financiar la Tarifa Social.
En el caso de las provincias y municipios, la tarifa de referencia será la que se encontraba vigente al 30 de junio de 2026. Para los servicios de transporte automotor y ferroviario de jurisdicción nacional, en tanto, se tomarán como base los cuadros tarifarios aprobados durante mayo de 2026.
De esta manera, si una provincia o un municipio decide aumentar el precio del boleto por encima de esos valores de referencia, el descuento que financia la Nación ya no se incrementará en la misma proporción.
Qué implica para los usuarios
El cambio no elimina la Tarifa Social, pero sí modifica la forma en que se financia el beneficio. En la práctica, los usuarios que acceden al descuento del 55% podrían comenzar a afrontar un mayor costo de bolsillo si las tarifas del transporte continúan aumentando por encima de los valores fijados como referencia por el Gobierno nacional.
La medida forma parte de la estrategia oficial de limitar el crecimiento del gasto destinado a subsidios al transporte, trasladando a las jurisdicciones locales la responsabilidad sobre los incrementos tarifarios que excedan los montos establecidos como referencia.
