El Gobierno pretende aumentarle a los jubilados por decreto y suspender la movilidad jubilatoria
El presidente Javier Milei envió el proyecto al Congreso. Anteriormente en el Ejecutivo ya habían aclarado que la intención era modificar la norma de ajuste para las jubilaciones
A través de la Ley Ómnibus, el Gobierno de Javier Milei busca suspender la movilidad jubilatoria y los aumentos podrían definirse por decreto. El Presidente ya envió el proyecto al Congreso y se espera que sea tratado en los próximos días.
El capítulo III del proyecto plantea quitar la actual modalidad de las prestaciones establecidas en la Ley 24.241. Por medio del artículo 106, le otorgarían al Poder Ejecutivo la autoridad para definir una fórmula que ajuste automáticamente, “teniendo en cuenta la justicia y la sostenibilidad económica”.
El documento también aclara que mientras se establece esta fórmula automática, el Gobierno tendrá la facultad de realizar aumentos periódicos, dando prioridad a los beneficiarios de más bajos ingresos, es decir, a los jubilados y pensionados que cobran la mínima.
El proyecto de la Ley Ómnibus que Milei envió al Congreso no solo contempla la movilidad jubilatoria, sino que incluye otras modificaciones que tienen por objetivo reformar profundamente el Estado.
“El texto incluye reformas profundas, necesarias y urgentes en materia tributaria, laboral, penal, energética y electoral. Son el complemento del DNU de la semana pasada. Siempre con el norte puesto en la libertad de cada uno de los argentinos”, había explicado esta mañana en una conferencia de prensa el vocero presidencial, Manuel Adorni.
Se trata de un escrito muy extenso con 664 artículos y más de 350 páginas que se tratará en sesiones extraordinarias entre el 29 de diciembre y el 31 de enero del 2024.
Como primera medida, el Poder Ejecutivo busca que el Congreso declare la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025. Esto permitirá que el Gobierno asuma “facultades legislativas” en esas materias.
Por otro lado, promueve la privatización de las empresas públicas “con el fin de generar mayor competencia y eficiencia económica, reducir la carga fiscal, mejorar la calidad de los servicios, promover la inversión privada y profesionalizar la gestión”.
