Escándalo en Olivos: una póliza privada incluyó como “personal de catering” al administrador y coordinadoras de la Quinta
El seguro fue contratado en marzo de 2024 y aparece incorporado a la denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano. Entre los beneficiarios figuran Foggia Group y Mara Gorini, colaboradora de la Secretaría General de la Presidencia. La Justicia deberá determinar si existió utilización de personal o recursos estatales para actividades privadas
Una póliza de accidentes personales emitida por BBVA Seguros sumó un nuevo elemento a la denuncia por presuntas irregularidades en la administración y las compras de la Quinta de Olivos.
El documento fue contratado el 1° de marzo de 2024 por Analía Agudiez para cubrir a “personal de catering”. Lo llamativo es quiénes aparecen entre las personas aseguradas: Osvaldo Javier Sosa, por entonces administrador general de la Residencia Presidencial, y María Laura Villegas y Camila Tamara Iasychyn Zapata, ambas vinculadas a tareas de coordinación en Olivos.
La documentación fue incorporada a la presentación realizada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien pidió investigar si trabajadores vinculados a la residencia presidencial participaron de emprendimientos privados y, especialmente, si para esas actividades pudieron haberse utilizado recursos adquiridos por el Estado.
Hasta el momento, no está acreditado que alimentos, insumos u otros recursos públicos hayan sido desviados hacia actividades privadas. Ese punto constituye una de las hipótesis planteadas en la denuncia y deberá ser investigado judicialmente.
Una póliza y un evento realizado en GEBA
La fecha de vigencia del seguro coincide con la realización de la “Bizarren Musik Party”, desarrollada el 1° de marzo de 2024 en el estadio de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA).
En la gráfica promocional de aquel evento aparecía el logo de Foggia Group, una empresa dedicada a la producción y organización de eventos.
Precisamente, entre los beneficiarios consignados en la póliza aparecen Foggia Group y Mara Gorini.
Gorini mantiene un vínculo contractual con la Secretaría General de la Presidencia, conducida por Karina Milei, a través de una locación de servicios. Además, estuvo vinculada societariamente con Foggia Group: se incorporó a la compañía en 2015 y renunció al directorio a comienzos de 2024. La denuncia de Pagano sostiene que posteriormente habría continuado relacionada con la firma.
¿Personal de Olivos trabajando para un catering privado?
Ese es uno de los interrogantes centrales que plantea la documentación.
La póliza identifica como “personal de catering” a personas que simultáneamente cumplían funciones vinculadas a la residencia presidencial. Entre ellas estaba Sosa, máximo responsable operativo de la Quinta en aquel momento, además de las dos coordinadoras.
Pagano considera que el documento justifica investigar si empleados vinculados al Estado prestaron servicios para emprendimientos privados.
La diputada pidió determinar quién contrató los servicios de catering para los eventos realizados en GEBA, quiénes trabajaron allí, cómo fueron pagados y de dónde provinieron los alimentos e insumos utilizados.
Las compras de alimentos, otro punto bajo investigación
La presentación se conecta con otra controversia que rodeó la administración de Olivos: el volumen de alimentos adquiridos para dependencias presidenciales.
Pagano había cuestionado previamente las cantidades compradas y planteó la hipótesis de que parte de esos productos pudiera haber terminado en actividades privadas.
Sin embargo, una reconstrucción realizada por Chequeado sobre el caso remarcó que, si bien la póliza y los cargos públicos de algunas de las personas que aparecen aseguradas están documentados, no se encuentra probado el supuesto desvío de mercadería estatal hacia un catering privado.
La documentación, por lo tanto, abre nuevos interrogantes y forma parte de la denuncia presentada por la legisladora, pero no demuestra por sí sola que hayan sido utilizados recursos públicos para negocios particulares.
Ahora será la investigación judicial la que deberá determinar qué relación existió entre el personal de Olivos, el servicio de catering y Foggia Group, y si esa vinculación derivó o no en alguna irregularidad con recursos del Estado.
