La CGT rechaza el decreto de Milei que limita el derecho a huelga y amplía las actividades esenciales

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La Confederación General del Trabajo advirtió que llevará la medida a la Justicia por considerar que viola derechos constitucionales y denuncia una avanzada del Gobierno para restringir la protesta laboral

La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó este miércoles un firme rechazo al decreto presidencial de Javier Milei, que limita el derecho a huelga y amplía el listado de actividades consideradas esenciales, exigiendo que estas funcionen entre el 50% y el 75% durante los conflictos laborales.

En un comunicado oficial, la central obrera advirtió que acudirá a la Justicia porque considera que esta medida viola un derecho constitucional fundamental. “La CGT no permanecerá en silencio frente a esta grave avanzada de un Gobierno que pretende borrar, una vez más, los derechos que tanto costo conquistar y defender”, alertaron desde el movimiento obrero.

Asimismo, afirmaron que darán “las batallas que tengan que dar, sean en los Tribunales, en la calle o en los puestos de trabajo, para garantizar este y otros derechos amenazados por el Gobierno Nacional”.

El decreto, publicado en el Boletín Oficial, modifica el artículo 24 de la Ley N° 25.877 y establece que los servicios esenciales deberán garantizar una prestación mínima del 75% en caso de conflicto, mientras que para las actividades de “importancia trascendental” la cobertura mínima será del 50%.

La CGT denunció que el Gobierno pretende suprimir el derecho a huelga «de un plumazo y sin debate ni análisis previo”, ampliando la categoría de servicios esenciales sin criterios claros y solo con el objetivo de restringir la protesta laboral. “En la práctica, esta decisión equivale a cercenar el derecho constitucional a huelga de millones de trabajadoras y trabajadores”, subrayaron.

Por su parte, la Confederación Argentina de los Trabajadores del Transporte (CATT) también repudió el decreto, señalando que fue firmado “bajo el disfraz de la eficiencia y la competitividad”, pero que en realidad promueve intereses extranjeros, pone en jaque la soberanía nacional y amenaza el trabajo argentino.

Además, la CATT advirtió que la desregulación en la industria aeronáutica, impulsada por la Secretaría de Transporte, pone en riesgo la seguridad operacional y miles de puestos de trabajo, afectando el desarrollo estratégico del sistema aeronáutico nacional.

El sindicato llamó al Ejecutivo a revisar este rumbo que vulnera derechos laborales y erosiona la capacidad soberana del Estado para planificar políticas públicas en transporte.

Finalmente, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) acusó que el decreto fue impulsado por “las multinacionales y los empresarios millonarios”. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, aseguró que la medida es ilegal y advirtió que exigir garantizar el 75% de las prestaciones durante una huelga hace que esta pierda todo sentido y efecto. “Sin el derecho de huelga estamos condenados a volver a la esclavitud. Tenemos que impedirlo”, sentenció.