La provincia insta a avanzar en la nueva Ley de Emergencia Agropecuaria para dar respuestas efectivas al sector
La normativa vigente deja de lado a los productores arrendatarios y no genera beneficios directos a la producción. En 2022 solo el 5,8% de la superficie declarada en emergencia tuvo beneficios impositivos
Ante un nuevo contexto productivo y climático, la secretaria de Agroalimentos del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, María Eugenia Carrizo, expresó la necesidad de contar con la nueva normativa de emergencia agropecuaria que, según puntualizó, “permitirá generar respuestas concretas y previsibilidad en los sistemas productivos santafesinos”.
Cabe recordar que el proyecto de Ley al que se refiere la funcionaria fue presentado por el gobernador Omar Perotti, se denomina Sistema Provincial Integral de Riesgos de Emergencias y Desastres Agropecuarios y hoy se encuentra en la Cámara de Senadores de la Provincia. La iniciativa busca reemplazar la actual Ley Provincial Emergencia Agropecuaria Nº 11.297, que está vigente desde 1995. Las principales falencias de la normativa vigente son, por un lado, ser una normativa post evento y, además, tener sólo como beneficiarios a los propietarios de la tierra con beneficios impositivos acotados – prórroga o condonación del impuesto inmobiliario rural; dejando de lado a los productores arrendatarios, que cubren el 70% de las explotaciones santafesinas.
“Nuestra provincia tuvo 12 millones de hectáreas declaradas este año en emergencia y/o desastre agropecuario en 18 departamentos por la Ley vigente, de las cuáles solamente se presentaron 1750 declaraciones juradas de los productores que representan 700 mil hectáreas, es decir sólo el 5,8% de la superficie. Estos números indican claramente que la Ley ha quedado totalmente obsoleta con el sistema productivo actual y los productores no adhieren dado que los beneficios son acotados”, indicó Carrizo.
Además agregó: “La nueva normativa que proponemos contempla herramientas que son muy demandadas por los productores tales como asistencia financiera para la recomposición del capital de trabajo y para realizar inversiones para la mitigación de sequías o inundaciones, y un fuerte estímulo a la utilización de los seguros agropecuarios”.
El nuevo proyecto se basa en un sistema que aborda todas las fases de la gestión de riesgos de emergencia y/o desastre agropecuario; y fue elaborado por el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, con el consenso de entidades intermedias del sector productivo, como SRA, Carsfe, Coninagro, FAA, Meprolsafe, AFA, las bolsas de Comercio de Santa Fe y Rosario, Aapresid, el Colegio de Médicos Veterinarios y Agrónomos, Inta y Senasa.
