Las víctimas de delitos serán incluidas en la pensión que otorga la Ley 5110

La Cámara Baja santafesina dio media sanción a la modificación de la Ley 5110 – proveniente de la Caja de Pensiones Sociales de la provincia- que prevé asignar ese beneficio a personas en situación de vulnerabilidad social que hasta hoy no estaban incluidas. Una de las iniciativas aprobadas fue presentada por el legislador del Frente Renovador-PJ. La misma consiste en brindar el beneficio a víctimas de delitos o a sus familiares directos en caso del fallecimiento de la víctima en el hecho delictivo. El proyecto de Ley había sido presentado en setiembre del 2020, y al perder estado parlamentario por su no tratamiento, fue nuevamente ingresado por el legislador en abril de este año.

Luego de la aprobación, Oscar Martínez se expresó en el recinto afirmando que “el compromiso de nuestro espacio con las personas que están en situación de vulnerabilidad social es férreo e inclaudicable. Nuestra más profunda convicción es que el Estado no es un mero administrador o una especie de árbitro, sino un actor propositivo que tiene como tarea tomar las decisiones e implementar las medidas necesarias para que todos y cada uno de los ciudadanos puedan vivir dignamente. Por eso, cuando hay personas por su situación de vulnerabilidad social no pueden comer, no pueden comprar medicamentos, no pueden acceder a la vestimenta, no pueden en definitiva gozar de los derechos más elementales de la condición humana, entonces el Estado tiene allí una responsabilidad indelegable”.

Y agregó que “está claro que las víctimas de delito se encuentran en una situación de vulnerabilidad a causa de una circunstancia que no han elegido y por una negligencia primaria del Estado. Y esto se ve agravado cuando a causa del delito la víctima queda inhabilitada total o parcialmente para trabajar, de manera temporal o a veces incluso permanente. En el caso de los delitos más graves, esta condición alcanza también a sus familiares, que deben atravesar un proceso de duelo y de trauma, además de afrontar las circunstancias no elegidas que les impone el largo y debido proceso judicial. Es inhumano concebir que una persona que fue víctima de delito o que lo padece junto a su familiar deba afrentar el duelo, el trauma y el proceso judicial a la vez que sostiene una actividad que le permita proveerse de lo necesario para vivir. Y esto es aún más grave cuando la víctima o sus familiares pertenecen a los sectores más postergados de la sociedad. En estos casos, la posibilidad de rehacer su vida es casi nula, y la alternativa entre buscar el sustento diario o transitar el duelo y la búsqueda de justicia se hace imposible, teniendo que inexorablemente elegir por lo primero, asumiendo así una carga injusta y sobre la cual nadie pone la atención para reparar o al menos amortizar”.

Y finalizó su discurso expresando que “celebramos en primer término haber alcanzado los consensos para que hoy salga esta ley. Para actualizar y modernizar los criterios de asistencia las nuevas vulnerabilidades que hoy se nos presentan, y para volver a reafirmar que el Estado tiene un rol activo en reducir las desigualdades y en brindar y a todos y cada uno la posibilidad de realizar una vida digna. En segundo término, además, celebramos junto a todas las asociaciones de víctimas que la incorporación del Art. 7° Bis, que prevé el beneficio que la Ley 5.110 otorga para las víctimas de delito y sus familiares. A nuestro entender, nunca será suficiente lo que hagamos para reparar precisamente lo que es irreparable, para devolver a la víctima lo que perdió o recuperarse de lo que tuvo de transitar. Sin embargo, también entendemos que debemos arbitrar todos los medios que están a nuestro alcance para que la vida de las víctimas y sus familiares se realice en dignidad y justicia en el más alto grado posible. Es un deber que nuestra responsabilidad como dirigentes pero también como personas nos demanda frente a aquellos que injustamente han sufrido y continúan sufriendo”.