“Nuestro país está siendo un narcoestado”: el duro análisis de Sandra Arroyo Salgado
La jueza federal apuntó contra funcionarios judiciales que mantienen vínculos con el narcotráfico y sostuvo que es necesario sacarlos de su cargo. Además, se refirió a la iniciativa de implementar nuevas políticas para combatir al crimen organizado
En el marco de su visita como invitada al programa de Mirtha Legrand, este sábado la jueza federal Sandra Arroyo Salgado analizó la delicada situación que se vive en la ciudad de Rosario a causa de la presencia y ataques narcos que se perpetraron en los últimos años. “Nuestro país ya es casi un narcoestado”, consideró la magistrada, al apuntar que el funcionamiento y control que poseen los jefes narcos en el país fue resultado de los vínculos de corrupción que supieron trazar con los funcionarios públicos.
El panorama “es muy preocupante”, aseguró Arroyo Salgado al señalar que la única manera de frenar a las redes del crimen organizado dependería de una política de estado que provenga desde la cúpula del poder estatal. En este sentido, la titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Isidro denunció que la actividad narco no solamente está en desarrollo en la ciudad santafesina, sino que las rutas también están vigentes en varias partes del país.
“Tenemos que sincerarnos, hablar de lo que hay que hablar, nuestro país ya es casi un narcoestado”, sentenció durante su participación en “La Noche de Mirtha” (El Trece). al referirse a los nexos trazados entre las instituciones y funcionarios estatales con los líderes de las bandas narco que operan en el territorio nacional. Incluso, puso como ejemplo que en el municipio de San Isidro también había causas abiertas por escenas de sicariatos, ajustes de cuenta y peleas de territorio, aunque la información no tenía la misma trascendencia que los casos rosarinos.
Al mismo tiempo, Arroyo Salgado destapó: “La preocupación es que estamos conviviendo con el narcotráfico adentro”, para después hacer mención a las destituciones de funcionarios judiciales por haberse comprobado sus vínculos con el narcotráfico. En la lista que enumeró la magistrada, se destacaron los prontuarios del ex juez federal salteño Raúl Reynoso, condenado en 2019 por pedir sobornos a detenidos; el ex juez federal correntino Carlos Soto Dávila, condenado en 2023 por cobrar coimas a narcotraficantes; y al ex fiscal de San Isidro Claudio Scapolan, destituido el año pasado por encubrir a una banda de policías y abogados que extorsionaban a los narcos de la jurisdicción.
Luego de ser consultada sobre la problemática durante su participación en el programa de Mirtha Legrand, la jueza federal sentenció que “hasta que no haya una auténtica política de estado que baje desde lo más alto del poder, en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico vamos a seguir así”. En paralelo, destacó la gestión del nuevo intendente de San Isidro, Ramón Lanús, quien puso el tema como prioridad en su agenda de trabajo. “Nos están llegando los casos que nos debían llegar”, resaltó.
Hasta el momento, la figura de la lucha contra el narcotráfico a nivel nacional fue encarnada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, lo que le valió una serie de amenazas producto de haber instalado el programa denominado como Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo, el cual tiene como finalidad identificar, desarticular y neutralizar a los miembros de las organizaciones criminales.
Desde que asumió la titularidad de la cartera, se estableció un nuevo régimen aplicado a los detenidos condenados por delitos vinculados al narcotráfico, asociación ilícita, sicariato y asociación ilícita que obligó a que estos fueran separados del resto de la población carcelaria común ante la sospecha de que éstos hubieran ocupado el rol de facilitadores a la hora de conseguir dispositivos electrónicos que les permitiera mantenerse en contacto con el afuera.
Después del traslado a pabellones exclusivos para presos de alto perfil, la cantidad de visitas íntimas que podían recibir fueron reducidas, a la vez que se incrementaron las requisas sorpresas en las celdas. Según explicaron desde el Gobierno de Santa Fe, el plan de control carcelario consiste de dos tipos de allanamiento: los realizados durante el ingreso de las visitas (con el fin de evitar que los familiares pudieran contrabandear objetos) y los decomisos sin previo aviso.
No obstante, en los últimos meses la modalidad de las visitas fue modificada, por lo que ya no se permite que el recluso y el familiar tengan contacto. “Actualmente, son sin contacto sino por Blindex. También se eliminó el ingreso de mercadería por visita a los internos de alto perfil”, indicaron las autoridades al hacer hincapié en que las provisiones dejaron de ser entregadas de forma directa a los detenidos.
Como consecuencia del recorte de privilegios, una serie de ataques y amenazas se detectaron en Rosario, debido a que la mayoría de los presos de alto perfil son oriundos de la ciudad santafesina y poseen sus negocios ilícitos en varias zonas del distrito. De hecho, en los últimos dos meses el malestar de los jefes narcos fue demostrado por sus gatilleros, a quienes ordenaron asesinar a civiles como forma de revertir las medidas.
Por el momento, cuatro fueron las víctimas inocentes de los amedrentamientos narcos en el área: dos taxistas, un colectivero y un playero. Los hechos aún están en proceso de investigación, pero los fiscales a cargo de los expedientes apuntaron contra el jefe narco Alejandro “Chucky Monedita” Núñez, quien habría ocupado el rol de instigador en los crímenes del colectivero y el playero. Asimismo, otras seis personas fueron imputadas en la causa, entre ellas, su pareja Brenda “La Cote” Pared que habría mediado la información que le proporcionaba en las visitas para con el resto de la banda.
