Santa Fe dio de baja a una asociación civil y la denunció por presunto uso irregular de fondos para comedores
La organización “Movimiento Mahatma Gandhi” quedó bajo investigación luego de que auditorías provinciales detectaran consumos en restaurantes, locales de comida rápida y kioscos con recursos destinados a la asistencia alimentaria.
El Gobierno de Santa Fe resolvió dar de baja a la asociación civil “Movimiento Mahatma Gandhi”, con sede en la capital provincial, y presentó una denuncia penal tras detectar presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos asignados a través del programa Tarjeta Institucional.
Los recursos transferidos a la entidad tenían como finalidad la compra de alimentos para comedores comunitarios. Sin embargo, según informaron desde el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, las auditorías realizadas sobre la organización revelaron consumos que no se corresponderían con los objetivos del programa.
De acuerdo con la investigación administrativa, las rendiciones presentadas por la asociación no coincidían con los movimientos registrados en la tarjeta utilizada para administrar los fondos públicos.
Entre las operaciones observadas aparecen gastos realizados en cadenas de comida rápida, restaurantes céntricos, bares y kioscos, establecimientos que, según la Provincia, no guardan relación con la compra de alimentos destinados a programas de asistencia social.
Las inconsistencias detectadas llevaron al Gobierno provincial a suspender la participación de la entidad en el programa y avanzar con una denuncia penal para que la Justicia determine si existió una utilización indebida de recursos públicos.
Desde el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano señalaron que los controles forman parte de un proceso de auditoría que se viene realizando sobre distintas organizaciones que reciben asistencia estatal, con el objetivo de garantizar la correcta utilización de los fondos destinados a los sectores más vulnerables.
La causa ahora quedará en manos de la Justicia, que deberá analizar la documentación reunida durante las auditorías y establecer si las irregularidades detectadas constituyen algún delito.
Mientras tanto, el Gobierno provincial ratificó su decisión de fortalecer los mecanismos de control sobre los programas sociales y aseguró que continuará auditando el destino de los recursos públicos destinados a la asistencia alimentaria.
