Santa Fe, primera provincia en planificar acciones para atender el avance de la chicharrita del maíz
Se reunió este jueves, por iniciativa del Ministerio de Desarrollo Productivo, una Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria. Además se examinaron políticas para acompañar a productores que sufrieron precipitaciones abundantes en el departamento Rosario y a quienes padecieron sequía en los departamentos San Cristóbal y 9 de Julio
l secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras, encabezó hoy una reunión de la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria de Santa Fe para analizar el avance de la “chicharrita de maíz” y sus efectos en los cultivos de la provincia. El encuentro se llevó a cabo en el Salón de La Torre de la sede de Gobierno ubicada en Rosario.
La “chicharrita de maíz” ha sido identificada como portadora de la bacteria Spiroplasma kunkelii, responsable de una enfermedad que ha afectado históricamente a los cultivos en el norte del país. Sin embargo, en las últimas semanas, su propagación se ha intensificado en el territorio santafesino, generando preocupación en el sector agrícola.
Luego del encuentro, el secretario de Agricultura y Ganadería del Ministerio de Desarrollo Productivo, Ignacio Mántaras, explicó: “Por indicación del ministro Gustavo Puccini estuvimos validando alguna información y qué zonas han sido las más afectadas en el centro norte y qué zonas han sido menos afectadas, o que prácticamente no hemos tenido episodios, porque son zonas de maíz de primera, que es el sur”. Asimismo, se realizó un análisis “de las causales, los motivos y las falencias” y se concluyó que “esto implica un plan de acción”.
A continuación, el funcionario explicó que ese plan se definirá en el marco de la Comisión de Protección Vegetal Santafesina (Coprovesa), “convocada para el jueves 24 de abril con los mismos actores”. En ese sentido, se refirió a las herramientas que el estado provincial puede aportar a los productores para hacer frente a la plaga: “Capacitación a productores y a ingenieros para entender cómo se desenvuelve la plaga; y una red de monitoreo y red de alertas. Habrá que trabajar con semilleros, porque hay también una cuestión genética y hay que ver las variedades. Con Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), analizaremos las aplicaciones que se están haciendo hoy para esta plaga, porque necesitan una homologación o una oficialización por parte de Senasa. Hay un acto y una tarea que tiene que hacer Senasa respecto a con qué remedios o insecticidas atacamos esta plaga y ahí también se están haciendo gestiones”.
Asimismo, Mántaras manifestó que, desde el Ministerio, se ve con “mucha preocupación” lo que pueda suceder en la próxima campaña, porque “los productores, ante este escenario, pueden volcarse hacia otros cultivos” y “esos cambios de decisiones generan impacto y condicionan algunas otras cadenas”. “El maíz para nosotros es estratégico para la provincia, como insumo para otras cadenas, así que alguna de las acciones también van a contemplar cómo afecta a otras cadenas productivas como las lecheras, bovinas, porcinas, aviares”, explicó.
Acompañamiento
Por otro lado, durante la reunión se examinaron posibles políticas para acompañar a productores que sufrieron precipitaciones abundantes en el departamento Rosario y a aquellos que tuvieron carencia de lluvias en los departamentos San Cristóbal y 9 de Julio. Respecto a esto, se definieron tres líneas de asistencia: la primera, destinada a productores hortícolas de Fighiera y Coronel Bogado, se harán gestiones para canalizarlo a través de Ader Rosario, por “exceso de lluvias”; la segunda, para productores ganaderos, que ya tenían certificado de emergencia por sequía, con fondos remanentes de la Ley de Emergencia Agropecuaria; y la última, destinada a ganaderos y mixtos de departamentos del norte que continúen afectados por sequía, pero no será excluyente la tenencia de certificado.
El encuentro contó con la participación de entidades agropecuarias como el Colegio de Ingenieros Agrónomos (Ciasfe), la Confederación de Asociaciones Rurales (Carsfe), la Federación Agraria Argentina y Coninagro; el INTA; el Senasa; representantes del Ministerio de Economía, del API y del agente financiero, entre otros.
