Se complica la situación de la abogada argentina detenida en Brasil
Mientras una fundación reclama su liberación y la intervención de la Cancillería argentina, la Fiscalía de Río de Janeiro avanzó con una denuncia formal y solicitó la prisión preventiva de la abogada santiagueña acusada de injuria racial
Los días pasan y la situación judicial de Agostina Páez, la abogada e influencer santiagueña retenida en Brasil, se torna cada vez más compleja. A más de 20 días del episodio ocurrido en un bar de Ipanema, la causa sumó un nuevo capítulo: mientras una fundación pidió su liberación inmediata y la intervención de la Cancillería argentina, el Ministerio Público Fiscal brasileño formalizó su denuncia y solicitó la prisión preventiva.
Páez permanece en Río de Janeiro, con tobillera electrónica, pasaporte retenido y prohibición de abandonar el país, lo que le impide regresar a la Argentina para continuar el proceso judicial desde su lugar de origen. La medida fue adoptada tras la imputación por injuria racial, a raíz del incidente ocurrido el pasado 16 de enero.
En paralelo al avance de la causa penal, la Fundación Apolo difundió un comunicado en el que reclamó la liberación de la joven y cuestionó la respuesta del sistema judicial brasileño. Desde la ONG sostuvieron que la imputación y las medidas restrictivas resultan “desproporcionadas” y no se ajustan a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Según plantearon, las autoridades no habrían evaluado alternativas menos gravosas ni tenido en cuenta la condición de mujer extranjera de la imputada. En ese marco, solicitaron la intervención activa de la Cancillería argentina, tanto a través de la protección consular como mediante un eventual reclamo diplomático ante el Estado brasileño.
Desde la fundación también destacaron la existencia de registros fílmicos previos a la reacción de Páez, en los que —según indicaron— uno de los empleados del local habría realizado gestos obscenos hacia ella y su acompañante. Esa conducta, sostienen, no fue debidamente ponderada en el expediente.
En ese sentido, argumentaron que la abogada habría sido inicialmente víctima de un intento de cobro indebido y de burlas de carácter sexual, y que su posterior reacción fue descontextualizada, invirtiendo los roles de víctima y victimaria. Además, cuestionaron la difusión del caso por parte de fuerzas de seguridad brasileñas en redes sociales oficiales, al considerar que refuerza una lógica de estigmatización incompatible con la presunción de inocencia.
Mientras tanto, la Justicia de Río de Janeiro avanzó con la investigación y el Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva de la influencer. Para los fiscales, la conducta de Páez “extrapoló cualquier contexto de discusión o malentendido” y configuró un accionar “discriminatorio y ofensivo”.
De acuerdo a medios brasileños, la solicitud se sustenta en los testimonios de los empleados del local, respaldados por testigos presenciales y por imágenes de cámaras de seguridad incorporadas a la causa. En las últimas horas, además, el Ministerio Público rechazó el descargo presentado por la acusada, quien sostuvo que se trató de una “broma” entre amigas tras una discusión por supuestos consumos cobrados de más.
Para los investigadores, la versión de la letrada santiagueña no se sostiene frente a las pruebas reunidas hasta el momento, por lo que la causa continúa su curso mientras se define si se agravan o no las medidas en su contra.
