Un juez al servicio de las multinacionales
Otra medida cautelar contra una tabacalera rosarina, pone en jaque más de 200 puestos de trabajo
En horas de la mañana de este martes, 4 de julio de 2023, ingresó al Juzgado Federal Nº3 del Dr Carlos Vera Barros una denuncia penal contra le Dr Gastón Salmain juez federal, recientemente nombrado, que pretende cerrar una empresa rosarina. El titular de la misma, el señor, Darío Rubén Ipólito, es la principal víctima y denunciante, dado que se muestra una clara animosidad contra Bronway Technology SA. Mientras tanto, siguen estando en juego muchos poderes que quieren cerrar la empresa. Y nunca piensan en la cantidad de personas que se quedan en la calle. Ippolito, al salir de tribunales, expresó; “Es una locura lo que hizo este Salmain. Resulta extremadamente sospechoso que un juez, que juro hace menos de un mes, que antes era abogado en Buenos Aires, que no tiene ningún tipo de historial en la Justicia Federal, venga y en un tiempo record saque una medida cautelar de esta clase. Y más, teniendo en cuenta que el propio juez había declarado en otras oportunidades que los juzgados de rosario estaban abarrotados de trabajo y que justamente estas causas no eran la prioridad”.
En un tiempo record el flamante Juez Federal Dr Gastón Salmain, a cargo del Juzgado Federal Nº1, emitió una medida cautelar para cerrar Bronway Technology S.A. Por tal motivo el presidente de la empresa, decidió esta mañana iniciar acciones penales contra el magistrado.
Haciendo un poco de historia, “Bronway Tabaco” comenzó a desarrollarse en 2015, cuando su responsable y actual presidente, el sr Darío Rubén Ippolito, viajó hacia Alemania para adquirir las maquinarias que le darían inicio a la empresa y preparar la fábrica para esta nueva unidad de negocio, proyecto que llevó algo más de dos años. Fue en diciembre de 2017 se otorgó la respectiva habilitación para la actividad comercial, contando con la respectiva habilitación municipal y de inscripción en la actividad manufacturera de cigarrillos en todos los organismos del Estado correspondientes.
Desde un primer momento, la empresa comercializa dos marcas, en sus diferentes variables cada una: PIER y DOLCHESTER. Lo cierto es que, si bien esta PYME viene operando desde hace ya cinco años aproximadamente, tuvo – y tiene – que sobrepasar muchos obstáculos en el camino. Uno de ellos está dado por las dos grandes empresas multinacionales que monopolizan casi la totalidad del mercado tabacalero, queriendo en todo momento frustrar el ingreso de nuevas marcas al mercado por distintos medios, ya sean operando periodísticamente como jurídicamente. Estas dos son Massalin Particulares, de reconocimiento mundial y desde hace décadas comercializando; Marlboro, Philip Morris, Lucky Strike, entre otras.
Bronway Technology S.A. actualmente da empleo directo a 201familias, siendo incontables las fuentes de empleo indirecto que se desprenden pura y exclusivamente de la comercialización de los productos PIER y DOLCHESTER a nivel país. Los cigarrillos se encuentran gravados con un específico régimen de tributación, denominado “impuestos internos”. A raíz de un fuerte lobby político realizado por los grandes monopolios, en diciembre de 2017 se modifica esta ley de internos, cuya modificación es conocida como “ley Massalin”, lo que generó la creación de un impuesto interno mínimo que toda empresa tabacalera debe ingresar a las arcas estatales el 29 de diciembre de 2022, es decir, el último día hábil del año judicial 2022, la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, integrada por los Dres. Elida Vidal, Guillermo Toledo y Aníbal Pineda (quien pertenece a la Sala A pero resultó designado a la integración de Sala B), mediante Acuerdo por mayoría de dos votos de los dos primeros, otorgó una medida cautelar en favor de Bronway Technology S.A. ordenando la suspensión de la RG AFIP 5290/2022, por considerar que se habían probado la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora.
Pero una traba más en el camino y suspenden el aplicativo RG 5133/2021 sustituyéndolo por la RG 5290/2022. Con el Acuerdo que otorgó la cautelar en lo que respecta a la suspensión de la RG 5290/2022 (por ser reemplazo de la 5113/2021) se ordenó a la Jueza de Primera Instancia que bajara monto y modalidad de la contracautela cuya resolución fue apelada y en definitiva el 14 de enero de 2023, la Cámara Federal revocó el decisorio de primera instancia bajando el monto de la contracautela en noventa millones de pesos.
Finalmente, la medida cautelar otorgada por el superior del Dr. Gastón Salmain fue prorrogada por la Sra. Jueza del Juzgado Federal Nº2 donde tramita el fondo de la cuestión consistente en la mera declarativa antes referida. Es dable subrayar en este momento que tanto la tramitación de la medida cautelar en segunda instancia como así también el tratamiento del monto de la contracautela en la feria de Enero no estuvieron exentas de situaciones realmente
Antecedentes previos: Fueron llamativas las interpuestas en perjuicio de Bronway Technology S.A. como el comportamiento del Dr. Anibal Pineda quien fuera oportunamente denunciado por desconocimiento manifiesto del derecho y por ejercer una influencia indebida durante su receso judicial como juez sobre los magistrados que debían intervenir a través de una empleada judicial. Así pues en este sucesivo y calamitoso tren de casualidades que afectan a Bronway Technology S.A. los dos vocales de cámara que en feria (Dres. Toledo y Facciano) concedieron reducción de la contracautela fueron denunciados penalmente por dos abogados de extraña jurisdicción – en realidad eran de la jurisdicción de San Martín, la misma a la que casualmente pertenece el Dr. Alberto Lugones quien también efectuó como se advertirá más adelante una activa militancia para perjudicar a Bronway Technology S.A. efectuando fluidas comunicaciones al fuero rosarino para “operar” burdamente el cierre. La disparatada denuncia contra los altos magistrados fue rechazada in limite aunque tuvieron que soportar el escarnio público de una campaña por Youtube fogoneada y pagada por algún sector de la política y la Tabacalera Sarandí. Ya existe un expediente en trámite entre Bronway Technology S.A. y AFIP, cuyo objeto es precisamente el impuesto interno a los cigarrillos, razón por la cual la cautelar otorgada no tenía ningún anclaje jurídico por falta de legitimación de la actora e imponía claramente su remisión al juez que previno para el trámite de los recursos que pudiesen haberse planteado.
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