Violencia machista en Pujato: una víctima, una vecina apuñalada y un Estado ausente
Jessica C. no solo es una víctima de violencia de género. Es también el reflejo de un sistema que falla una y otra vez, incluso cuando las alertas están encendidas. Su agresor, Jonatan Reinoso, ya había sido denunciado. Tenía una perimetral vigente. Era conocido por su violencia verbal y física. Aun así, la historia siguió su curso hasta lo inevitable: el estallido final
El ataque no fue producto de un arrebato. Fue el desenlace de una larga serie de episodios ignorados. Jessica, en un intento por resguardarse, vivía alquilando una propiedad ubicada en Hipólito Yrigoyen 676. La dueña de la vivienda, Josefa “Chuchi” Gatti, una mujer mayor, fue quien escuchó los gritos y decidió intervenir con valentía, realizando una denuncia ante las autoridades. Esa denuncia —que debería haber activado una respuesta inmediata— no generó protección, ni seguimiento, ni prevención.
Días después, Reinoso se presentó en el campo donde viven los padres de Jessica con claras intenciones homicidas. El padre de la joven debió efectuar un disparo al aire con una escopeta para evitar una tragedia. Una vez más: ningún patrullero, ningún protocolo, ningún operativo de contención. Solo una familia intentando protegerse sola.
La secuencia escaló aún más. Reinoso regresó a la casa de Yrigoyen 676, esta vez con un arma blanca. Atacó brutalmente a “Chuchi” Gatti, causándole una grave herida pulmonar que la mantiene internada en el Hospital San Carlos de Casilda. También golpeó con saña a su pareja. El grado de violencia no deja lugar a dudas: Jonatan no fue a amedrentar, fue a matar.
Tras el ataque, vecinos y efectivos policiales improvisaron una persecución. El agresor fue brevemente capturado. Pero como si fuera una escena absurda de una película de bajo presupuesto, se escapó de la comisaría. Sí: el detenido por tentativa de femicidio y lesiones gravísimas escapó del lugar donde supuestamente debería estar más vigilado.
Y lo más alarmante: no hay registros en video de su fuga. No se sabe por qué acceso salió. No se sabe si alguien lo ayudó. No hay evidencia que muestre cómo escapó, ni hacia dónde se dirigió. No hay cámaras que documenten los movimientos de un prófugo de extrema peligrosidad. No hay grabaciones. No hay respuestas. Solo hay un silencio institucional cada vez más ensordecedor.
¿DÓNDE ESTÁN LAS CÁMARAS DE PUJATO QUE NADIE VE NADA?
La pregunta resuena con fuerza en las calles del pueblo: ¿Dónde están las cámaras de seguridad de Pujato que nadie ve nada? ¿Dónde están los dispositivos prometidos, publicitados, anunciados una y otra vez por el intendente y los funcionarios municipales?
Porque mientras el agresor circulaba por la localidad con una perimetral vigente, mientras amenazaba a la víctima y a su familia, mientras regresaba a una vivienda donde ya se había denunciado violencia… ninguna cámara alertó a nadie. Ningún monitor encendió una alarma. Ningún funcionario actuó.
Y lo más grave: cuando finalmente es detenido, se escapa de la comisaría del pueblo… y tampoco hay cámaras. Nadie puede explicar cómo salió, por qué acceso, si alguien lo ayudó, si se aprovechó de una negligencia. Las autoridades no solo perdieron al agresor, sino que no tienen una sola imagen para reconstruir los hechos.
Frente a esto, la contradicción es dolorosa: ayer Jonatan Reinoso fue finalmente capturado en la localidad de Casilda, gracias al trabajo de la Policía de Investigaciones (PDI) y al sistema de monitoreo urbano de esa ciudad. Un sistema de cámaras activo, profesionalizado y con una central visible, accesible y eficiente.
Casilda encontró lo que Pujato dejó escapar. No porque tuviera más recursos, sino porque tiene una política pública real de seguridad y monitoreo. Mientras tanto, en Pujato nadie sabe siquiera dónde funciona la central de monitoreo —si es que efectivamente funciona—. No hay datos públicos. No hay personal conocido a cargo. No hay informes. No hay mapa de cámaras. Solo hay opacidad.
El intendente, hábil para las declaraciones mediáticas, no ha podido explicar con claridad ni una sola de las siguientes cuestiones:
¿Dónde están ubicadas las cámaras de seguridad?, ¿Están funcionando?, ¿Están siendo monitoreadas en tiempo real?, ¿Quién accede a sus grabaciones?, ¿Por qué no registraron la secuencia de hechos más graves que vivió el pueblo en meses?, ¿Por qué no grabaron ni siquiera la fuga desde la misma comisaría?.
En una localidad pequeña, donde el control territorial debería ser incluso más accesible, no hay registro alguno de seguimiento, ni un informe de prevención, ni siquiera una imagen del agresor en movimiento. ¿Es que nunca funcionaron? ¿O es que se encendieron solo para la foto de campaña?
El problema no es técnico. Es político. Es una decisión deliberada de mirar hacia otro lado, de no priorizar la seguridad comunitaria, de no tomarse en serio la violencia de género ni la prevención del delito. Y como siempre, el costo lo pagan las mujeres, las familias y los vecinos que intentan suplir con coraje lo que el Estado no garantiza.
La comuna de Pujato debe rendir cuentas. Porque no alcanza con “lamentar lo sucedido”. Porque no se trata de mala suerte, sino de desidia. Porque los hechos ocurrieron en casas conocidas, con personas identificadas, en domicilios específicos, con denuncias previas. Y porque si no se pudo evitar esto, no se está cuidando a nadie.
