Coudannes cuestionó a la jueza Aguirre Guarrochena por anular un procedimiento realizado con el sistema Lince
La vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, cuestionó con dureza a la jueza rosarina María Aguirre Guarrochena tras el fallo que objetó un operativo policial llevado adelante en el marco de una investigación por una balacera ocurrida en Rosario.
El procedimiento había sido realizado con apoyo de sistemas de videovigilancia y herramientas de análisis de imágenes, que permitieron reconstruir el recorrido de los sospechosos e identificar los domicilios vinculados a la investigación. Gracias a esa tarea, las fuerzas de seguridad lograron avanzar rápidamente sobre los implicados y concretar detenciones.
En defensa del accionar policial, Coudannes destacó la eficacia del operativo y el uso de tecnología aplicada a la prevención y persecución del delito.
“Este trabajo de investigación llevó 12 horas nada más, pudimos dar con los implicados y generar la aprehensión de uno de los delincuentes”, sostuvo la funcionaria, al remarcar la rapidez con la que se desarrolló la pesquisa y los resultados obtenidos.
La polémica surgió luego de que la magistrada cuestionara la validez del procedimiento, lo que reavivó el debate sobre la utilización de herramientas tecnológicas y la denominada flagrancia virtual en investigaciones criminales.
En ese contexto, Coudannes fue crítica con la resolución judicial y consideró que el fallo desconoce los protocolos vigentes para este tipo de actuaciones.
“Hay una jueza con una mirada garantista que desconoce un procedimiento que está en un protocolo, que está en vigencia y que tiene que ver con las normativas actuales”, afirmó.
La funcionaria sostuvo además que el sistema Lince y las herramientas de monitoreo utilizadas forman parte de mecanismos legalmente establecidos para la investigación de delitos complejos y destacó que permiten actuar con mayor rapidez ante hechos violentos.
El caso abrió una nueva discusión sobre los límites y alcances del uso de la tecnología en las investigaciones penales, así como sobre el equilibrio entre las garantías constitucionales y la eficacia de las fuerzas de seguridad para combatir el delito
