Oscar Martínez: “Es muy importante contar con una Ley que evite el crecimiento de las mafias del robo de cables en la provincia ”

Así se refirió el legislador a la media sanción que el último jueves dio la Cámara Baja santafesina y que prevé la creación de un Registro de acopiadores y comercializadores de metales no ferrosos. Los proyectos aprobados son autoría de los diputados Oscar Martínez y Leonela Cattalini, quienes semanas atrás convocaron a Audiencias Públicas para tratar este tema que tiene en vilo a las empresas públicas y privadas de luz, telefonía, internet y gas de la provincia de Santa Fe

En la última sesión y por unanimidad la Legislatura dio media sanción a la creación de un Registro que busca terminar con las actividades delictivas que rodean al robo de cables en la vía pública, fenómeno que desde hace más de un año azota a la provincia de Santa Fe especialmente a las grandes ciudades. Luego de la aprobación, el diputado Martínez del Frente Renovador- PJ, uno de los autores del proyecto, expresó que “ agradezco enormemente a este cuerpo por la celeridad en aprobación y a la Comisión de Asuntos Constitucionales que dio dictamen y mejoró algunos aspectos de las iniciativas que presentamos. Tenemos el triste privilegio de que la provincia de Santa Fe se haya convertido en la capital nacional del robo de cables”.

“Este no es un dato menor -continuó-, concretamente en la ciudad de Rosario una de las empresas prestadoras de servicios de conectividad señaló en las Audiencias Públicas que tienen más de tres mil denuncias de robo de cables en la vía pública en esa ciudad. Así a lo largo del último año se han afectado barrios enteros como Las Flores Oeste, Laureano Maradona, Empalme Graneros , entre otros. Incluso se ha afectado el funcionamiento de las oficinas del Municipio. El Distrito Sur Oeste no pudo por ejemplo emitir carnet de conducir durante un largo tiempo justamente porque le habían robado los cables. Numerosos establecimientos educativos, establecimientos deportivos e incluso hospitales como El Centenario y el Hospital de Niños fueron afectados por esta situación”.

Y agregó que “La Empresa Provincial de la Energía  denunció que ha tenido robos de trescientos transformadores rurales y la misma empresa calculó que les hurtaron por lo menos siete mil toneladas de cables. Y la verdad es que las inversiones que hacen las empresas tanto públicas como privadas surgen de la tarifa que con enorme esfuerzo pagan los vecinos. Nosotros venimos trabajando y acompañando las decisiones del Gobierno Provincial para tener una Santa Fe Conectada y para extender las redes de energía eléctrica de media y baja tensión por tanto tenemos que dar una respuesta rápida y contundente. Por eso es tan importante esta media sanción un esperamos que pronto sea convertida en Ley por el Senado”.

Martínez destacó además la importancia de las Audiencias Públicas que se realizaron en Rosario y Santa Fe para la redacción de los proyectos. “La verdad que las Audiencias fueron muy ricas en cuanto a los testimonios de los damnificados, tanto empresas como particulares. Además participaron en ellas autoridades del Ministerio Público de la Acusación, autoridades municipales, y también representates del Ministerio de Seguridad de la provincia. Uno de los problemas que se discutió allí fue justamente las dificultades que existían hasta ahora por ausencia de herramientas legales de los Fiscales para ir contra las mafias que amparan la comisión de estos delitos. Al único que se podía castigar era al hurto famélico, flagrante, es decir al que encuentran robando medio metro de cable para venderlo. Pero toda la mafia , chacaritas, desarmaderos, chatarrerías que amparan y promueven el desarrollo de esta actividad delictiva no podían ser atrapados por el accionar de la justicia. Por eso este proyecto establece un régimen para que aquellos que comercialicen estos cables deban declarar el origen, tengan que tener el número de documento y deben dejar sentado de donde surgen cada una de las piezas o que venden. Así el Gobierno Provincial conjuntamente con los municipios controlarán de manera periódica si ese registro coincide con el stock, por ejemplo, y en el caso de que no se cumpla con la norma que estamos estableciendo se disponga la clausura y la remisión de esa información al Ministerio Público de la Acusación . A la vez esta Ley establece no solamente la posibilidad de que los Municipios colaboren sino tambien la posibilidad de constituir una Mesa Interinstitucional donde participen las empresas privadas y públicas afectadas por esta situación y que no solamente se destine al control a desarmaderos y chatarrerías sino también a aquellos que funden los materiales y aquellos que los transportan de manera ilegal”, finalizó el legislador.