¿Por qué Monteverde votó en contra de la regularización de Uber? Las contradicciones que dejó el debate
OPINIÓN | Rosario dio un paso importante al establecer reglas para Uber y DiDi, pero la votación dejó una pregunta política: ¿por qué Juan Monteverde y Ciudad Futura rechazaron la ordenanza? ¿Por qué el silencio durante toda la discusión? Cada vez que el Ejecutivo tiene una iniciativa, el usurpador de terrenos, devenido en edil se opone por el simple hecho de querer desmarcarse: pero mantiene silencio, como en esta última discusión por Uber y Didi.
El Concejo Municipal de Rosario aprobó finalmente la regulación de las aplicaciones de transporte Uber y DiDi. Fueron 18 votos a favor y 10 en contra, después de años de discusiones sobre una actividad que ya formaba parte de la vida cotidiana de miles de rosarinos.
La iniciativa impulsada por el intendente Pablo Javkin consiguió el respaldo de Unidos y La Libertad Avanza. Del otro lado quedaron sectores del peronismo y Ciudad Futura, el espacio político que lidera Juan Monteverde.
Y allí aparece una pregunta que merece ser respondida: ¿por qué Monteverde votó en contra de una normativa destinada a regular esta actividad que beneficia a miles de rosarionos que buscan su sustento diario arriba de un auto? ¿Y el silencio durante toda la discusión?
Regular una realidad que ya estaba instalada
Durante años, Uber y DiDi funcionaron en Rosario sin contar con una habilitación municipal específica. Los pasajeros utilizaban las aplicaciones, los conductores trabajaban y el sistema crecía mientras la política discutía cómo intervenir.
La ordenanza aprobada establece requisitos concretos: inscripción de las plataformas, licencias profesionales para conductores, revisión técnica vehicular, seguros para el traslado de pasajeros e identificación de las unidades mediante códigos QR.
No se trata, por lo tanto, de una desregulación absoluta, sino de un sistema con obligaciones y mecanismos de fiscalización.
Desde esta perspectiva, la aprobación representa un intento de ordenar una actividad que hasta ahora funcionaba en un escenario de incertidumbre normativa.
¿Qué cuestionó Ciudad Futura?
Los representantes de Ciudad Futura plantearon reparos sobre el modelo de regulación. Entre ellos, la ausencia de límites tarifarios, las condiciones laborales de los conductores, la antigüedad de los vehículos y el papel del municipio en el control de las plataformas.
El concejal Antonio Salinas, integrante del espacio, sostuvo durante el tratamiento que el problema excedía a Uber y estaba relacionado con las dificultades del sistema de transporte y con el riesgo de trasladar decisiones de movilidad a empresas privadas.
El punto de discusión, entonces, no era exclusivamente la existencia de las aplicaciones, sino qué grado de intervención estatal debía establecerse.
Sin embargo, también corresponde analizar las consecuencias de mantener sin regulación una actividad que ya se desarrollaba en las calles de Rosario.
La diferencia entre cuestionar una ordenanza y rechazar una solución
Aquí aparece el interrogante más interesante del debate político.
Es posible considerar insuficiente una normativa y, al mismo tiempo, reconocer que constituye un avance respecto de una situación sin reglas específicas.
También es razonable exigir más controles, mayores garantías laborales y mecanismos de protección para pasajeros y trabajadores.
Pero quienes aspiran a gobernar una ciudad deben explicar no solamente aquello que rechazan, sino también cómo resolverían los problemas concretos que enfrenta la población.
En el caso de Monteverde, la discusión adquiere una dimensión adicional por su proyección política en Rosario.
La pregunta no debería limitarse a por qué votó en contra. También debería incluir qué regulación alternativa considera viable, cómo garantizaría su cumplimiento y de qué manera compatibilizaría los derechos de los trabajadores con las nuevas formas de movilidad.
La discusión que viene
La presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck, cuestionó públicamente la postura de Monteverde y sostuvo que debía explicar las razones de su rechazo.
Más allá de ese enfrentamiento político, la nueva ordenanza tampoco cierra todos los interrogantes.
Rosario necesitaba discutir cómo incorporar las aplicaciones a su sistema de transporte. Esa decisión finalmente llegó. Ahora el desafío es demostrar que las nuevas reglas funcionan y que las diferencias políticas pueden traducirse en propuestas concretas.
Porque, en definitiva, gobernar implica mucho más que estar a favor o en contra: implica hacerse cargo de los problemas que la ciudad necesita resolver.
